El Partido Sinaloense presenta una iniciativa para reducir más del 50 % el financiamiento a los Partidos Políticos
El Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense presentó, el día 10 de octubre, una iniciativa de decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa con el propósito de regular el Sistema Estatal Anticorrupción Estatal, donde se contempla la creación y la forma para definir el Fiscal General de Justicia del Estado.
“Consideramos que para la designación del nuevo Fiscal General de Justicia del Estado debe ser abierta a la sociedad, mediante una convocatoria que emita el Congreso del Estado, dando oportunidad a los ciudadanos en general a realizar propuestas” expresó Víctor Antonio Corrales Burgueño.
En la misma iniciativa se propone que para ser Fiscal General de Justicia del Estado se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar con antigüedad mínima de diez años con título profesional de licenciado en derecho, de preferencia con posgrado; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso y que el Fiscal General de Justicia dure en su encargo nueve años.
Esta propuesta tiene como objetivo que el nuevo Fiscal General sea resultado de un proceso ciudadanizado que legitime el H. Congreso del Estado, dando oportunidad a ciudadanos en general, Cámaras, Colegios, Organizaciones Civiles, Instituciones Académicas y a las propias autoridades ejecutivas que deseen proponer candidatos a ocupar la Fiscalía General. Esto tendrá que reglamentarse al momento de legislar al respecto.
A partir de las propuestas recibidas en el Congreso, y bajo un análisis de cada una de ellas, se elaborará una lista de 10 ciudadanos, misma que será turnada al Gobernador del estado para que a partir de ella seleccione una terna y la proponga al Congreso.
La iniciativa del gobernador del Estado limita la participación ciudadana y por lo tanto acota la autonomía de la Fiscalía General; deja de lado la aspiración de muchos sectores sociales que han manifestado la necesidad de que el próximo Fiscal General sea en realidad una autoridad que no dependa del Poder Ejecutivo, y que tal situación lo limita a que tenga una actuación imparcial al momento de aplicar la justicia.
También, siendo sensibles al descontento generalizado que se los ciudadanos enfrentan en este momento, entregó el viernes 13 de enero una iniciativa al Congreso del Estado para que proponga al Congreso de la Unión, una Reforma al Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, para reducir más del 50 por ciento el financiamiento público a estos organismos políticos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el recurso económico que se entrega a los partidos políticos se estima multiplicando el 65 % del salario mínimo por el número de electores contemplados en el padrón electoral del último mes de julio, luego, esta bolsa es repartida entre los partidos a criterios establecidos en la misma CPEUM.
“La propuesta del PAS implica que en lugar de multiplicar el 65 % por el salario mínimo, se deba multiplicar solamente el 30 %, lo cual significa un ahorro superior al 50 %, lo que significa que a nivel nacional se ahorren alrededor de 3 mil millones de pesos”, manifestó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, Corrales Burgueño.
Si el Congreso de la Unión aprobara esta iniciativa, las entidades nos veríamos obligados a aplicar estos nuevos criterios en la legislación estatal, específicamente en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de cada estado, lo que significa que los sinaloenses tendríamos que hacer lo que nos corresponde.
Por otro lado y en el marco de austeridad que vive el país, proponemos que todos los niveles de gobierno reduzcan los gastos que realizan en convenios establecidos con los medios de comunicación, y que solamente se apliquen recursos en información necesaria y obligada para mantener notificada a la sociedad de asuntos relacionados con fenómenos naturales y asuntos de interés oficial. Esta propuesta implica que se reduzcan todos los convenios con medios de comunicación, cuyo único objetivo es realzar la imagen de los gobernantes o titulares de organismos descentralizados, y que la sociedad paga a través de sus impuestos.
“Con estas medidas se demostrará a la población si quienes ejercen el poder en Sinaloa en todos los niveles son realmente consecuentes con la preocupación de aplicar medidas de austeridad que ayuden a paliar la crisis generada por el mismo Gobierno federal, o por el contrario, si la actitud asumida en los últimos días se debe solo a un fin mediático”, finalizó Víctor Antonio Corrales Burgueño.
Finalmente, Corrales Burgueño dejo claro ante los Medios de Comunicación que el PAS sostiene la propuesta de que se dé marcha atrás al incremento del costo de la gasolina implementado a partir del 1° de enero del presente año, ya sea a través de un periodo extraordinario de la Cámara de Diputados o por intervención del presidente Enrique Peña Nieto.
