Los hilos del poder Cuauhtémoc Ramos Escobar DERECHOS VULNERADOS
Mazatlán,Sinaloa 07-Abril-2012.-El derecho de unos, no puede estar por encima de otros; menos cuando unos son minoría, y otros, la mayoría que reclama la aplicación de la justica, que consideran vulnerada, alterada y obstruida en su contra.
El cierre de carreteras de Mazatlán a Culiacán es el asunto, y por el cual están presos líderes comuneros de la presa Picachos, entre ellos Octavio Atilano Román.
Lo anterior resalta, precisamente, en este conflicto de los que reclaman la indemnización total de sus terrenos, y por la reubicación de los seis poblados desaparecidos, en las aguas del vaso de la presa.
Los años han pasado de largo y el tiempo de solución se ha detenido, ¿por la acción negligente del gobierno o atorado por la ambición de los insatisfechos?, pretendiendo obtener pagos mayores de los que realmente valen sus terrenos.
¿A eso se debe la ausencia de una solución legal?, hemos de preguntar quienes estamos al margen. ¿Acaso no fueron lo suficientemente bien pagados y los demandantes no se dan por satisfechos, o quieren llevar las cosas a los extremos del chantaje?
¿En cuál de los campos de la disputa (gobierno y demandantes) está la verdad o a quién le asiste la razón, o en ambos su posición es incorrecta? ¿En la intransigencia de los afectados, o en la actitud pasiva de la autoridad, acaso promotora y causa, de esa postura de beligerancia?
Este es el punto de partida y referencia que se requiere, al que no se puede llegar, donde la imparcialidad de la justicia medie, y a cada quien la ley le otorgue lo que le corresponde, conforme a sus derechos, y los tribunales están para dirimirlos.
Pero las cosas no se encauzaron por esa vía, se privilegió, en cambio, el recurso político en el espacio de una lucha social, impulsora de liderazgos y “politizaron” el asunto, despertando las ambiciones personales de los cabecillas siempre dispuestos a sacrificarse, por una causa atractiva y de lucimiento para sus intereses personales. En ese revoltijo avanzaron quienes tuvieron más saliva y comieron más pinole.
SIN PRUEBAS DOCUMENTALES
En los años del conflicto así se ha dado a entender y no hay pruebas reveladoras de lo contrario, ni a juicio del gobierno ni de los afectados. Los documentos se quedan sin sustento y solo cuentan las medidas de presión y movimientos de protesta, lesionando derechos de terceros sin tener responsabilidad alguna y, como dice el refrán: sin vela en este entierro.
¿Por qué no exhiben pruebas los afectados? ¿Por qué no aportan pruebas las autoridades? ¿Los primeros son acaso víctimas de una injusticia? ¿El gobierno es el villano? Nadie lo sabe porque no hay documentos de por medio con el respaldo suficiente como pruebas de contundencia.
Como testimonios de juicio gobierno y demandantes deben a la sociedad las pruebas documentales, y lo mejor es presentarlas de un lado como de otro. El gobernador dio su versión: “a excepción de unos cinco ya están pagadas casi el cien por ciento (las expropiaciones) y hay quienes recibieron dinero de más, por sus terrenos, y otro exige 617 mil pesos por hectárea”.
Si el problema casi está resuelto o en vías de resolverse apegado a derecho, entonces, ¿por qué los inconformes de la Picachos se lanzaron a bloquear las carreteras? Quienes los movieron podrán dar la respuesta: Octavio Atilano Román, ahora preso, o sus defensores oficiosos.
¿Qué espera la sociedad del gobierno y de los comuneros? La verdad, ¡solamente la verdad!
Veredes pues… cosas veredes.
