La violencia ya impacta a los planteles educativos: Cuén

Las actividades de alrededor de 25 escuelas ubicadas en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, y comunidades aledañas, así como en la colonia INFONAVIT Barrancos, se han visto trastocadas debido a actos violentos que se han dado en las cercanías de estos centros escolares, a lo que se debe sumar el uso irresponsable de las redes sociales.

Ante estos escenarios, los padres de familia están desorientados: unos optan por sacar a sus hijos de las escuelas para darles protección y otros deciden que permanezcan en las aulas e instalaciones escolares; sin embargo, algo positivo puede surgir de esta circunstancia: que hagamos una reflexión sobre las condiciones materiales de las escuelas y la preparación de maestros y directivos para hacer frente a estos momentos difíciles que se han presentado, tema indisolublemente ligado a los programas que impulsan e implementan los encargados de Protección Civil a nivel estatal y municipal.

Hay muchos que consideran que lo más recomendable es no sacar a los niños de las escuelas en los momentos de violencia, aunque también se escuchan opiniones a favor de lo contrario. Por ello es importante recuperar lo que en tribuna del H. Congreso del Estado abordé en varias ocasiones cuando tuve la oportunidad de formar parte de la LXI Legislatura: las condiciones e infraestructura en que se encuentran la mayoría de nuestras escuelas.

En diferentes posicionamientos retomé las cifras y estadísticas reportadas por el INEGI a través del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2014 (CEMABE), en el cual se resalta, entre otros datos, que de un total de 5996 escuelas de educación básica, 5204 no cuentan con señales de protección civil; 4969 no tienen rutas de evacuación; 4467 no tienen salidas de emergencia y 4851 no tienen zonas de seguridad. Y a lo anterior habría que agregar decenas de insuficiencias.

Por estas cifras es que razono que también en un gran número de escuelas el personal carece de capacitación para hacer frente a condiciones en donde se pone en peligro a las comunidades escolares; es decir, se carece también de los protocolos necesarios para enfrentar estos momentos difíciles.

Las propias autoridades dan fundamento a la afirmación anterior. En recientes declaraciones, el delegado de la Secretaría de Educación Pública en el estado, Eligio Medina Ríos, lamentó que el ambiente de inseguridad esté trastocando la tranquilidad de los educandos, y reconoció lo siguiente: “Necesitamos un protocolo donde los niños, ante cualquier evento, los encapsule dentro de la escuela en áreas de mayor seguridad”: asimismo, recomendó que “los padres de familia estén en esa idea, porque naturalmente la seguridad de los niños puede ser mejor dentro de la escuela que en la calle o en el tránsito hacia su casa”.

También afirma lo siguiente: “Existen protocolos como Escuela Segura; sin embargo, ya están obsoletos y no cubren las necesidades de los tiempos actuales”. Estas declaraciones evidencian que se carece de los protocolos necesarios, y se contraponen a lo declarado por Luis Felipe Espinoza, coordinador nacional de Protección Civil, quien visitó Sinaloa hace apenas unos días y declaró que las escuelas no deben suspender las clases por cuestiones de violencia en sus inmediaciones o casos de emergencia, sino asumir los protocolos de protección. Así lo afirmó: “Se tienen protocolos establecidos para emergencias o temas de inseguridad, los cuales deben ser adoptados, bajo la instrucción de los maestros.

Finalmente, siempre he dicho que la palabra “hubiera” es la más inservible que puede haber. Incluso me trae a la memoria el posicionamiento que tuve en tribuna el 9 de diciembre de 2014, relacionado con la infraestructura educativa. En aquel momento afirmé que consideraba obligado y urgente que el gobierno del estado, los municipios, la misma legislatura y los consejos escolares de participación social, trazaran una estrategia inmediata para atender y remediar las condiciones de nuestros planteles educativos.

Propuse, también, que en esa estrategia se involucrara directamente la Dirección de Protección Civil del estado de Sinaloa, para que, con los reglamentos específicos existentes, se corrigieran las deficiencias tan marcadas en este renglón y pudiera realizarse un programa estatal de simulacros para las escuelas públicas mediante el cual preparara a los alumnos en el conocimiento de las señales de evacuación, apoyándose para ello en los cuerpos municipales de protección civil y los bomberos de cada localidad.

Ya pasaron dos años y tres meses desde que hice ese posicionamiento y poco se ha avanzado. Por este tipo de omisiones, los sinaloenses y los mexicanos repetimos constantemente la indeseable frase: “Después de ahogado el niño, a tapar el pozo”. Sin embargo nunca es tarde para actuar: hagamos lo que tenemos que hacer para proteger a nuestra niñez; claro que se puede.